“La Madre Tierra nos da la fuerza para luchar por nuestros valles, cerros, ríos y bosques”, afirmó la líder indígena q’eqchi Ana Rutila en la presentación en Madrid de la campaña DesTierrradas, impulsada por la ONG Alianza por la Solidaridad. El proyecto se basa en un informe elaborado por la periodista, escritora y defensora de los derechos humanos Rosa Martín Tristán, que recoge los problemas que sufren las mujeres al defender sus derechos a la tierra, al agua y, en general, a todos los recursos naturales y agrarios en numerosos países.
Según el Atlas de Justicia Ambiental, entre 2015 y 2016 se registraron en Centroamérica 2.197 agresiones contra las defensoras de los derechos humanos y el territorio. En un 54 % de los casos las agresiones procedían de dirigentes políticos, policías, militares, jueces y fiscales. Un 13 % de ellas son atacadas o amenazadas en sus entornos privados (comunidad y familia). Además, estas mujeres sufren campañas públicas de desprestigio social, criminalización, difamación y estigmatización con un marcado sesgo de género.
Para visibilizar a estas mujeres, Madrid acogió una exposición con imágenes del fotógrafo Pedro Armestre, que fue financiada por la ONG y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Recogemos aquí una muestra de las fotografías.
En Santa Cruz de Barillas (Guatemala), donde viven 130.000 personas, la construcción de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz desató la violencia, la intervención del ejército y la encarcelación de activistas. La lucha de las comunidades fue apoyada por la Alianza por la Solidaridad y reunió más de 23.000 firmas. Finalmente, la empresa renunció al proyecto.
Hoy, más de 29.000 indígenas q’eqchi viven junto al cauce del río Cahabón y contemplan impotentes cómo el torrente que les da la vida pierde su caudal por la construcción del complejo hidroeléctrico Renace.
Ana Victoria, tras la construcción de la central hidroeléctrica Renace, ya no puede tomar agua del río Cahabón. Para conseguirla, debe superar controles de la hidroeléctrica y recorrer varios kilómetros hasta los afluentes.
Mozambique es el octavo país más pobre del mundo. La rehabilitación de una vía férrea refleja cómo la actividad de las empresas en países en vías de desarrollo no siempre es positiva.
Esta vía férrea crea una frontera en las comunidades que atraviesa, lo que obliga a la población a cruzar por debajo de los vagones, con un gran riesgo para sus vidas. Solo hay cuatro pasarelas para cruzar las vías en sus 900 kilómetros. Para miles de familias, se ha dificultado el acceso a los mercados, escuelas, centros de salud e incluso a sus cultivos.
Las mujeres de etnia fula kunda, en Sissaucunda (Guinea Bissau), fueron expulsadas de su territorio por la fumigación de los arrozales que realizó una empresa sin ningún tipo de control. Se produjo un gran aumento de mosquitos en la zona, que incrementó los casos de malaria.
En 2015, Alianza por la Solidaridad y su socia Aprodel recibieron el premio ONU hábitat por apoyar a las comunidades locales y conseguir que 320 mujeres obtuvieran un título de propiedad de la tierra en la zona de Sissaucunda (Guinea Bissau).
La lucha de las defensoras de Nejapa (El Salvador), con el apoyo de Alianza por la Solidaridad, logró que una multinacional desistiera de una ampliación de su actividad y se comprometiera a reducir el consumo de agua en la fabricación de sus bebidas.
El Salvador es el país con mayor escasez de agua potable de Centroamérica. En 2012, una embotelladora quiso ampliar sus instalaciones, a pesar de que el estudio de impacto ambiental lo desaconsejaba. Las mujeres de Nejapa lideraron la lucha en defensa del consumo humano frente al industrial.
